” … en los regímenes parlamentarios europeos, los primeros ministros asumen pocos días después de haber sido elegidos. En América Latina, países como Perú, Brasil y Colombia tienen plazos de alrededor de 30 días (…) mi propuesta es simple: que el próximo Presidente de Chile asuma el 12 de enero … “.

José Ramón Valente

El 14 de diciembre tendremos un nuevo Presidente electo. ¿Por qué deberíamos esperar hasta el 11 de marzo —casi tres meses— para que asuma las funciones que la ciudadanía le ha encomendado?

Ya tenemos un ministro de Hacienda provisorio y un ministro de Economía y Energía provisorio. Eso da cuenta de que el actual gobierno asume que, una vez despachada la Ley de Presupuesto, su labor está prácticamente concluida y solo espera entregar el mando.

Por otro lado, es bien sabido que la ciudadanía da a los gobiernos plazos cada vez más cortos para demostrar que pueden cumplir sus promesas de campaña. Hoy se habla de 100 días de “luna de miel”, e incluso de apenas 60. Si entre la elección y la asunción transcurren tres meses, se desperdicia buena parte del impulso y la épica que acompañan el triunfo electoral. Más aún cuando entre ambas fechas se interponen las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.

Para cuando el nuevo gobierno asume el 11 de marzo, la elección ya es noticia vieja, y el reloj político empieza a correr con mayor presión.

La evidencia comparada muestra que Chile es más lento que la mayoría. En los regímenes parlamentarios europeos, los primeros ministros asumen pocos días después de haber sido elegidos. En América Latina, países como Perú, Brasil y Colombia tienen plazos de alrededor de 30 días. Incluso en Bolivia, el Presidente electo Jorge Paz asumirá su cargo menos de un mes después de la elección.

Mi propuesta es simple: que el próximo Presidente de Chile asuma el lunes 12 de enero, en vez del miércoles 11 de marzo.

Este cambio requiere una modificación constitucional, pero si hay consenso político, es perfectamente factible. En 2021 se modificaron las fechas de las elecciones municipales, de gobernadores y de constituyentes mediante una reforma constitucional que tomó solo ocho días de tramitación.

Adelantar el inicio del gobierno tendría múltiples ventajas. Entre ellas:

-La nueva administración podría usar el verano para instalarse, darles rodaje a sus equipos y preparar decretos y proyectos de ley, de modo que en marzo esté tomando decisiones, no apenas empezando a pensar qué hacer y cómo hacerlo.

-El gobierno saliente, como ocurre siempre, estará en modo salida durante enero y febrero. Partiendo el 12 de enero, el nuevo gobierno puede hacer útil y productivo un aparato estatal que, de otro modo, quedará tres meses “en neutro”, esperando instrucciones.

-Recordemos que en el gobierno central trabajan más de 500 mil personas, de las cuales cerca del 90% seguirá bajo la dirección del nuevo gobierno. Es un desperdicio de tiempo, talento y recursos mantener ese capital humano en pausa durante tanto tiempo.

-Las tres candidaturas con más posibilidades de llegar a La Moneda coinciden en la urgencia de hacer cambios rápidos para dar cuenta de las prioridades de la ciudadanía, que hoy se centran en temas de seguridad, empleo y crecimiento económico. Esta propuesta debiera concitar unanimidad entre los aspirantes a La Moneda, toda vez que permitiría adecuar los tiempos legales a las urgencias de nuestro país.

Chile necesita reactivar sus “animal spirits”, como decía John Maynard Keynes: esa energía, confianza y optimismo que impulsan el crecimiento. Si queremos volver a la senda del desarrollo, debemos mostrar decisión y urgencia.

Que el gobierno parta en enero sería una señal potente de compromiso con el cambio. Como decía Albert Einstein, “nada más absurdo que pretender que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo”.

Ver la nota en El Mercurio