Durante esta semana el gobierno anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal y la creación de un IFE Laboral, todo con un costo neto (mayor deuda) de unos US$ 3.000 millones. A su vez, el Congreso inició la discusión del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Resultado: todos celebran. El problema es que todos piensan que es el Estado el que financia estas medidas, y no se dan cuenta de que son ellos mismos. La magnitud de los montos es tal que alcanzaría, por ejemplo, para financiar un hogar a las 80.000 familias que hoy viven en campamentos. Al aprobarse este gasto por parte de la mayoría, alguien podrá decir que era necesario dada la emergencia, pero la verdad es que hoy sólo un 10% de los trabajadores no ha recuperado su empleo, lo que significa que de cada 10 hogares que reciben ayuda, sólo uno realmente la necesita.

Si analizamos la venta de alimentos, de materiales de construcción, de automóviles, y otros, hoy están en niveles más altos que en 2019, cuando no había pandemia. Por lo tanto, la justificación de estas medidas no está en la pandemia, y la mala noticia es que muchos creen que las está pagando Moya, cuando en realidad las paga usted.

A su vez, el retiro del 10% terminará dejando más de 5 millones de hogares sin ahorro para su jubilación, y será el Estado quien les entregue una pensión básica solidaria, de unos $ 2 millones anuales. En el corto plazo estos subsidios se financian con menos ahorro -ya prácticamente no quedan fondos de estabilización económica y social- y con más deuda fiscal, la que superará los $ 4 millones por persona. Esto hará que, en el corto plazo, estemos discutiendo una reforma para aumentar la carga tributaria permanente en el país. Ahora, cuando se suben los impuestos, cae la inversión y el crecimiento, y todos se ven impactados, no sólo los que tributan. Incluso al verse afectado el mercado financiero, puede aumentar el costo del crédito y muchas personas deberán endeudarse a mayores tasas o con altos ‘pies’. Este gasto lo pagaremos todos.