Todos los candidatos que aspiran a llegar a La Moneda han mencionado con mayor o menor profundidad cuáles son sus propuestas en materia de pensiones. Una de las últimas —ratificada ya como abanderada de Unidad Constituyente tras la consulta del fin de semana— es la de la senadora (DC) Yasna Provoste, quien ha mencionado como alternativas para una mejora del sistema previsional el que sea mixto, con componente privado y colectivo y en sus intervenciones se ha referido a priorizar la inversión de los fondos de pensiones en Chile e invertir en empresas que tienen su rentabilidad fijada por ley como una mejor opción que hacerlo en mercados extranjeros ‘más volátiles’.

¿Cuál sería el impacto de aquello? Un estudio desarrollado por el economista y presidente de Econsult, José Ramón Valente, parte de la interrogante sobre qué habría pasado si las AFP hubiesen invertido solo en Chile en los últimos 10 años, cuál habría sido la rentabilidad y la volatilidad de dichas inversiones en comparación con la realidad y cuánto más o menos habrían acumulado las cuentas de los trabajadores con esa estrategia. Para dar respuesta a lo primero —solo en Chile—, el estudio plantea que si se hubiesen invertido todos los fondos de pensión desde el 2010 hasta junio del 2020 (antes del primer retiro) en la misma ponderación de renta variable y renta fija que lo hicieron los fondos de pensión, se habría obtenido una rentabilidad acumulada de 20,1% real y una rentabilidad anualizada de 2,19% real, usando como renta variable el IPSA y como renta fija el índice Riskamerica Global.

De acuerdo al documento, esto significa que esta rentabilidad anual real (2,19%) del hipotético fondo en Chile es un 60% menor a la rentabilidad anual real efectivamente obtenida por los fondos de pensión (5,43%). Respecto de la volatilidad —la segunda interrogante—, el documento estima que habría sido de 7,2%, es decir, un 12,5% más volátil que lo obtenido por los fondos de pensión (6,4%). Sobre cuánto habrían acumulado los trabajadores en sus cuentas si se hubiese seguido la estrategia mencionada —la tercera pregunta—, Econsult afirma que el ahorro habría sido US$ 56.921 millones menos que lo obtenido efectivamente por las AFP (US$ 206.710 millones), y esto representa un cálculo con sesgo a la baja, porque toma los fondos como si no hubieran recibido aportes de por medio, en el cual la diferencia sería mayor.

Con esa mirada, Econsult proyecta qué se habría podido financiar con esos US$ 56.921 millones que no se hubiesen ahorrado con esta estrategia de inversión y la respuesta es 2,8 veces el primer retiro desde los fondos de AFP, 3,6 veces el segundo y 5 veces el tercero. También alcanzaría para cubrir 3,5 veces el presupuesto de Educación y 4,5 veces el de Salud, 35 líneas 3 y 6 del metro, 108 hospitales, 20 IFE mensuales y 1.500 Teletones.

Empresas reguladas

El estudio también se plantea sobre la rentabilidad y el riesgo de las empresas reguladas versus la volatilidad de la inversión en el extranjero. Así, realiza el siguiente ejercicio: diseña un portafolio de empresas reguladas IPSA de mayor tamaño (Aguas Andinas, Enel Américas y Aguas Metropolitanas).

¿El resultado? Se habría obtenido una rentabilidad real acumulada de 17%, (comparado con un 459% de S&P 500 y 252% del índice accionario mundial MSCI ACWI), una rentabilidad real anual de 3,1% (frente a 18,8% de S&P y 12,4% de MSCI) y una volatilidad, medida como desviación estándar anualizada, de 17,8% (versus el 13,3% de S&P y el 12,4% de MSCI).

Es decir, nuevamente menores retornos y mayores volatilidades. Un último análisis que aborda el documento es que si se repatrian los fondos de pensiones en el extranjero hacia un ente estatal —idea que también ha planteado el abanderado del Frente Amplio (FA) Gabriel Boric, además de la candidata Provoste—, que a junio de 2020 ascendían a US$ 93.019,5 millones (45% del total), se habría podido comprar el 70% del IPSA, SQM, Banco de Chile, Banco Santander, Falabella, Copec, Cencosud, CMPC, Parque Arauco, Embotelladora Andina, Entel, Aguas Andinas y Ripley. ¿Qué implica esto en la práctica? El documento afirma que el control de los principales bancos, los principales retail y la principal distribución de energía y agua del país, estarían en manos de un ente centralizado estatal.